Los Dinosaurios

La madrugada del sábado 10 de octubre, en el Senado de la Nación, se sancionó la nueva Ley de Servicios Audiovisuales. De esta manera se derogaba una ley que se implementó en la última dictadura militar y que fue una cuenta pendiente de todos los gobiernos democráticos que la sucedieron.

Sin embargo, la sanción de esta ley llega en un momento muy tenso de la relación entre el gobierno y los medios de comunicación que más concentran la información en este país.

Que la comunicación de un país esté regulada por una normativa que fue elaborada por un gobierno antidemocrático es algo inconcebible si entendemos que el expresarse y el informarse es algo inherente a todos los seres humanos. Además, en los últimos años se ha venido experimentando una revolución en las comunicaciones, cuya regulación necesita imperiosamente ser actualizada. Pero claro, la democratización de la comunicación atenta necesariamente contra la concentración mediática.

Algunos medios de comunicación que se ven perjudicados en sus intereses con la sanción de esta nueva ley de servicios audiovisuales, como lo es el caso del Grupo Clarín o el Grupo de De Narváez, Vila y Manzano; tendieron con una agresiva falta de sutileza a personificar políticamente el proceso de sanción de Ley. Así es como, para ellos, la ley dejó de ser de los argentinos y pasó a ser la “Ley K de Medios”.

De esta manera, estos grupos que manejan el monopolio de la comunicación en la Argentina, al individualizar la “pertenencia” de la ley, desoyen los numerosos debates públicos y abiertos que se realizaron en diferentes puntos del país. En numerosas universidades se llevaron adelante foros y charlas sobre el proyecto enviado a la legislatura y previamente en su elaboración. También hicieron caso omiso de numerosos trabajos realizados por FARCO, que nuclea a las radios comunitarias, como así también la Red Nacional de Medios Alternativos y los 21 puntos básicos por el Derecho a la Comunicación de la Coalisión por una Radiodifusión Democrática, entre otros.

De esta forma, todas las voces se hicieron oír. Nunca una ley tuvo tanto debate y tanta participación por parte de la opinión pública, lo cual hace entender a la comunicación como un derecho y no como un interés.

Por ejemplo, en el caso de la radio, en donde la ley vieja postulaba que cada emisora debía tener fines lucrativos, tirando por borda, precisamente esta concepción de la comunicación como un derecho.

Teniendo en cuenta que se trataba de derogar una ley que había sido sancionada por la más atroz dictadura que hubo en este país, algunos medios como por ejemplo los de Clarín, no tenían empacho en jugar discursivamente con el origen de la ley vieja. Decir que señales como TN o Volver van a “desaparecer”, con la connotación que tiene en este país la palabra “desaparecido”, es por lo menos, una elección poco feliz del término. Lo cuál se notó en el apoyo (o no-apoyo) de la gente al boicot por parte de estos grupos al debate. Así lo expresa Horación Vertbisky en su artículo “El fin y los medios”: “A diferencia del conflicto por la resolución 125, la invitación a cacerolear o presionar a los legisladores en las calles no tuvo eco.”

¿Qué quiere significar Clarín cuando dice que sus canales “van a desaparecer” si desaparece una ley de la dictadura? ¿Se trata de manifestar una postura contra una lucha histórica? ¿O se trata de atacar a un gobierno que hace hincapié en los derechos humanos, entre los cuales figura la comunicación?

Por lo pronto, con la nueva ley, esperemos, aparezcan nuevas voces, aparezcan nuevas ideas y aparezcan nuevos espacios. Es la mejor manera de construir una democracia, sea quien sea el partido de turno que esté en el gobierno.

Informe sobre la nueva ley de medios






El Momento de la Sanción